Verificador de
videovigilancia laboral

Sí, pero con condiciones. El Tribunal Constitucional (STC 39/2016) permite usar grabaciones de cámaras como prueba en el despido siempre que: las cámaras estén en lugares visibles, exista un cartel informativo de videovigilancia, y la conducta captada sea suficientemente grave. Si las cámaras son ocultas o no había cartel informativo, la grabación puede ser inadmitida como prueba ilícita (art. 90.2 LRJS).

Técnicamente no necesita autorización del comité, pero sí tiene que negociar o consultar con la representación de los trabajadores la instalación de sistemas de control (art. 64.5 ET). Si hay comité y no fue consultado, puede haber una infracción laboral y las grabaciones obtenidas sin esa consulta previa pueden ser cuestionadas.

El plazo máximo general es de 30 días según la instrucción 1/2006 de la AEPD y el criterio del RGPD (conservar solo el tiempo necesario). Transcurrido ese plazo, deben borrarse, salvo que las imágenes sean necesarias como prueba de un delito o incidente, en cuyo caso pueden conservarse hasta que el procedimiento quede resuelto. Si la empresa guarda grabaciones más tiempo sin justificación, incumple el RGPD.

Las grabaciones propias (conversaciones en las que participas) son admisibles en general, aunque con matices: grabar conversaciones privadas sin el conocimiento de los interlocutores puede vulnerar su derecho a la intimidad. Los tribunales admiten estas grabaciones cuando el trabajador las hace para defenderse de comportamientos ilícitos (acoso, discriminación), pero rechazándolas si se obtuvieron de forma desproporcionada o engañosa. Consulta antes de grabar.